La pista del ‘galileo’ robado por un «investigador» de la Biblioteca Nacional

César Ovilio Gómez Rivero viajó a Madrid el 28 de mayo de 2007. Al día siguiente, visitó como “investigador” la Biblioteca Nacional, robó una decena de documentos —entre, ellos dos mapamundis de Ptolomeo, arrancados con un cúter de Cosmographia, incunable de 1482— y, sin demora, tomó un vuelo de regreso a Buenos Aires. El 6 de agosto repitió el operativo. Una vez cruzado el Atlántico, Gómez Rivero intentó vender su botín en el mercado negro. La justicia argentina lo descubrió aquel mismo año, lo investigó, lo procesó… y lo dejó libre. Su nombre desapareció entonces de las portadas de los diarios. Hasta ahora. Este uruguayo radicado en Argentina fue el último que tuvo en sus manos el galileo robado, se supone, en 2004 de la Biblioteca Nacional y cuya desaparición destapó el diario EL PAÍS el domingo pasado. El expediente de 2007 abierto en Buenos Aires contra César Ovilio Gómez Rivero y dos cómplices son una foto detallada de cómo fue el robo de los mapas de Ptolomeo y de por qué la justicia argentina poco pudo hacer para encarcelar a los culpables.

La calle Arroyo serpentea por Recoleta, el barrio más caro de Buenos Aires. Es corta, menos de 900 metros, pero concentra los más bellos edificios de estilo francés y las tiendas más exclusivas. En el 971 hay un local de venta de zapatos. Lleva allí seis años, cuando sucedió a Imago Mundi, el comercio de venta de libros “del siglo XVI al XIX” del anticuario más famoso de Argentina: Daniel Guido Pastore. La librería Imago Mundi sonaba solo entre los entendidos (si eran ricos, mucho mejor), pero en 2007 todos los argentinos escucharon hablar de ella, de Pastore y de un tal Gómez Rivero. También de Washington Luis Pereyra. Los tres eran sospechosos de intentar vender los documentos robados en Madrid.

La investigación estuvo a cargo de juez Ariel Lijo. “Recuerdo el caso”, dice el magistrado, “intentaron vender los planos de Ptolomeo y al que se los ofrecieron denunció que eran robados. Por eso los descubrieron”. La causa en Argentina se limitó a investigar el delito de “estelionato en grado de tentativa”, es decir, el de intentar vender como propio algo ajeno. La pena es baja: entre seis meses y seis años, con pocas probabilidades de ir a la cárcel. Lijo siguió la pista de Gómez Rivero en Buenos Aires y lo describió en el expediente como “un hombre calvo, que usa muchas pulseras y reloj de oro”. En aquel entonces, el sospechoso se movía “a bordo de un BMW oscuro” entre Buenos Aires y su casa en un barrio ubicado a 60 kilometros. Vivía allí con una mujer llamada Erika Hoyos, nacida en Bolivia. Hoy, ese hombre es un fantasma. El juzgado le perdió el rastro una vez cerrado el sumario, ya no responde en sus teléfonos habituales y no consta que haya salido del país.

El juez Lijo pudo reconstruir cómo operó la banda: Gómez Rivero consiguió los documentos y los ofreció a “su amigo” Washington Pereyra, un experto en libros antiguos quien, a su vez, se los pasó a Daniel Guido Pastore, el hombre que desde la librería Imago Mundi tenía los contactos internacionales necesarios para ubicarlos en el mercado. Pastore era propietario de un puesto en la feria de libros antiguos de Nueva York, donde contactó con el italiano Massimo Milliano, de Altea Maps, una librería ubicada en el 35 de St. George Street, en Londres. “Massimo entabló negociaciones para comprar un mapa mundial con el sello ‘JCT’ al dorso”, dice el expediente. La explicación que le dieron sobre la procedencia del mismo fue que el mapa había estado en manos de un particular en Sudamérica quien quería vender su colección. Massimo pagó 40.000 dólares por dos mapas, pero el botín duró poco en sus manos: el italiano los vendió enseguida a un coleccionista de Nueva York llamado Tom Suárez, quien a su vez los revendió a Simon Dewez, de Gowrie Galleries Australia. Fue Suárez quien alertó de que los mapas eran los mismos que reclamaba España.

La denuncia de Suárez terminó por cambiar la suerte de Gómez Rivero y su banda en Buenos Aires, quienes ahora estaban obligados a defenderse ante un juez. La investigación determinó que el principal sospechoso era un viejo conocido en varios países. Llevaba años presentándose como “historiador”, aunque solo terminó la educación secundaria. Su afición por la historia lo llevó a visitar bibliotecas y museos en Uruguay, hasta que quedó en evidencia que su motivación era más material que académica. Gómez Rivero fue perseguido en 1990 por un robo en la universidad más importante de Uruguay. En 2004, la policía lo investigó por la sustracción de libros, fotos y manuscritos de diversos museos y bibliotecas. Su trabajo se trasladó luego a Paraguay, donde en 2003 mutiló los libros de actas del Cabildo de 1595 guardados en el Archivo Nacional de Asunción. En todos los casos, los investigadores destacaron el uso de un estuche para gafas, donde el ladrón camuflaba las pequeñas cuchillas que usaba para cortar las páginas de los libros.

Las pruebas se acumulaban cuando Lijo inició la acusación contra “el uruguayo”. El 16 de octubre de 2007, Gómez Rivero se declaró “totalmente arrepentido de su actuar” y devolvió al juez los documentos de la Biblioteca Nacional de Madrid. El gesto fue ambiguo: admitió que tenía el material robado, pero insistió en que lo había comprado de “buena fe” a un coleccionista. Y así se mantuvo. En su declaración ante Lijo, Gómez Rivero dijo que las obras le parecieron “muy interesantes” para su colección personal. “Pero encontrándome necesitado de dinero, decidí venderlas. Así le ofrecí la venta a Washington Pereyra. Le aseguré la más absoluta autenticidad y honestidad de la adquisición de esos impresos, circunstancia que Pereyra no puso en duda, dada la confianza que me tenía, basada en el trato personal y comercial de muchos años”.

La confianza no fue suficiente. Días después, Pereyra, según contó Gómez Rivero, lo llamó para advertirle de que Daniel Pastore, de la librería Imago Mundi, le reclamaba la devolución del dinero “porque alguno de los impresos habían sido denunciados como sustraídos de la Biblioteca Nacional de Madrid”. “Por supuesto”, siguió Gómez Rivero, “me pidió explicaciones sobre lo que estaba pasando”. “No he tenido la más mínima intención de perjudicar la buena fe de Pereyra, ya que es totalmente cierto que he obtenido los impresos de forma genuina y honesta, mas no cuento con ningún recibo de su adquisición, puesto que, como es común en el ambiente librero, no he suscrito ninguno para su adquisición”. El ladrón devolvió, pues, el dinero. Pereyra y Pastore, a su vez, repitieron la misma historia. Todos ellos, dijeron, habían sido víctimas de un penoso malentendido entre amigos.

El juez Lijo, sin embargo, consideró que estaba ante un gran montaje. Los mapas tenían marcas evidentes de haber sido arrancados sin cuidado de algún sitio y un sello con las iniciales JCT ocultaba de forma burda otro colocado por la Biblioteca Nacional. El magistrado consideró que cualquier anticuario habría, al menos, dudado del origen lícito de los mapas. En resumen, Gómez Rivero, Pereyra y Pastore, todos ellos expertos reconocidos, sabían que lo que tenían entre manos era robado. Pero todo quedó, finalmente, en la nada.

A punto de cumplir 74 años, Gómez Rivero está libre. “Lo procesé en 2008, pero la Cámara revocó mi decisión con el argumento de que en España había un juicio pendiente. Yo les dije que en España lo investigaban por un robo y yo aquí, por intentar vender lo robado, que eran hechos diferentes, pero no hubo caso”, se lamenta el juez. Finalmente, en 2014, Argentina rechazó el pedido español de extradición contra Gómez Rivero por considerar que la causa en Madrid había prescrito por “falta de actividad judicial en tiempo oportuno”. España nunca apeló y la sentencia quedó firme.

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